Gratuidad de la retirada del aceite usado a los talleres
La Subdirección General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha despejado las sombras de incertidumbre que venían acechando al sector de la posventa, al corroborar en respuesta a la consulta formal que Ganvam realizó el pasado mes de febrero que los talleres no tienen que pagar por la retirada del aceite usado.
De esta forma, con la ley en la mano -concretamente el RD 679/2006 y la Ley 22/2011 que rigen la correcta gestión de aceites industriales- el Ministerio de Medio Ambiente considera que son los fabricantes de lubricantes los que están obligados a hacerse cargo no sólo de la retirada, sino también de la financiación de dicha gestión.
Concretamente, y aunque matiza en su contestación que la interpretación de la norma corresponde a los tribunales, coincide con Ganvam en que es obligación de los fabricantes de aceite, ya sea por sí mismos o por medio de Sistemas Integrados de Gestión como es el caso de Sigaus, poner a disposición de los talleres un gestor que garantice la recogida del aceite industrial usado y asegure su tratamiento de acuerdo a las normas medioambientales.
En este sentido, la Subdirección General de Residuos también da la razón a Ganvam en que son los fabricantes de aceite los que tienen que asumir económicamente la recogida que realizan estos gestores autorizados, por lo que en ningún caso estas empresas intermediarias deberán trasladar al taller ningún coste.
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “estas empresas recogedoras vienen tratando injustamente de que el taller compense la pérdida de valor que el aceite usado ha sufrido como consecuencia de la caída del precio del Brent, pero ahora, con esta respuesta oficial en la mano, ya no hay sombra de duda, y no es que lo digamos en Ganvam sino que lo dice también Medio Ambiente: son los fabricantes de aceite los que deben garantizar la recogida gratuita del lubricante usado”.
Información de contexto: el proceso de gestión del aceite usado comienza con la recogida en los talleres y en las instalaciones industriales, donde debe ser almacenado y etiquetado conforme a la normativa medioambiental vigente. Haciendo efectivo el principio de universalidad del servicio, un sistema integrado de gestión asegura la recogida en todo el territorio nacional, de manera que cualquier establecimiento donde se genere el aceite usado tiene garantizada su recogida a través de la red de gestores autorizados que trabajan en el marco de este sistema integrado de gestión. Una vez retirado, es enviado a centros de almacenamiento temporal o de transferencia en los que se realizan los análisis necesarios para determinar su composición, la posible contaminación con otras sustancias y su óptimo destino final. Respecto a la gestión final, actualmente existen dos opciones: la regeneración y la valorización energética. El primer proceso permite la obtención de aceites base para nuevos lubricantes. El segundo es un tratamiento que permite descontaminar el aceite usado para fabricar combustible. En ambos casos se asegura que el aceite usado no impacte sobre el medio ambiente, sino que sea aprovechado en nuevos procesos productivos, sustituyendo a otras fuentes de energía o materias primas. La norma establece actualmente que el cliente del taller, al adquirir aceite nuevo, abone una “ecotasa” o “canon” de 0,6 euros/litro para la futura gestión del aceite usado.
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) es una organización sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 1957 que agrupa a más de 7.000 asociados entre concesionarios oficiales; compraventas independientes; servicios oficiales; agencias concertadas, y talleres independientes, entre otros sectores de la distribución: vehículos nuevos; usados; turismos; industriales; motocicletas y tractores agrícolas. En conjunto, estas empresas comercializan y dan servicio a más del 80% del parque nacional. El principal objetivo de Ganvam es representar los intereses de los distribuidores y reparadores ante el Gobierno, las distintas AA.PP. y la sociedad en general, potenciando el papel socioeconómico que desempeña su sector, con la creación de 250.000 empleos y una facturación de más 95.000 millones, un 9% del PIB.