¿Pago por uso de carreteras en España?
A debate
En los últimos años se está comenzando a generar un debate sobre la posibilidad de implementar el pago por uso de las carreteras convencionales. Esto es algo que genera lógicas reacciones en contra, por
suponer un nuevo pago para el ciudadano, pero que también tiene defensores que aportan argumentos a favor, como solución para abordar el déficit de mantenimiento y mejorar la seguridad vial y la eficiencia del transporte en España.
La experiencia de aplicación de este modelo en varios países europeos, y también en algunas zonas de nuestro país, puede aportarnos información sobre la conveniencia de diferentes tecnologías, así como sobre el nivel de satisfacción de los usuarios. El objetivo de este artículo es únicamente exponer algunos datos sobre este nuevo modelo de financiación del mantenimiento y mejora de la red viaria, que ha comenzado a cobrar protagonismo, para que conozcamos mejor sus implicaciones.
EL ORIGEN DE ESTE MODELO
En muchos países de nuestro entorno la financiación pública se ha demostrado insuficiente para cubrir los costes asociados al mantenimiento y modernización de las carreteras, especialmente en contextos de restricciones presupuestarias y prioridades competidoras como la sanidad y la educación o la defensa. Este sistema se basa en el planteamiento de que quienes utilizan las infraestructuras deberían contribuir directamente a su mantenimiento, de manera que no sólo se mejore la calidad de las carreteras, sino que también se promueva una mayor equidad en el uso de los recursos públicos. Países como Alemania, Suiza o Portugal han implementado este modelo, lo que les está permitiendo mantener un nivel elevado de calidad en sus redes viarias sin depender exclusivamente de fondos estatales.
El modelo de pago por uso de carreteras surge como respuesta a la creciente demanda de financiación sostenible para el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras viarias.
En España, la Asociación Española de la Carretera (AEC) analizó en 2022 más de 100.000 kilómetros (25% pertenecientes a la red estatal y 75% a la autonómica) determinando que 13.000 kms presentaban deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento (el 95% de las carencias se centraba en el pavimento y el 5% restante afectaba a señales verticales, marcas viales, barreras y balizamiento, en menor medida). Esta situación es la peor que se han encontrado en los últimos 20 años. Con la vista puesta en el futuro, además, consideran que sólo el 43% de las vías analizadas estarían preparadas para su adaptación a la movilidad conectada y autónoma.
El estado del firme no afecta solamente a la seguridad vial, ya que se estima que circular por una carretera en mal estado puede incrementar entre un 5 y un 10% el consumo de combustible (en ciudad este aumento puede llegar hasta un 15%, según un estudio de la oficina de sostenibilidad del MIT). Así pues, el progresivo deterioro de la red vial limita el papel que estas infraestructuras deben desempeñar en la transición hacia una movilidad más sostenible, digital y segura.
Para revertir esta situación, la AEC estimaba necesaria una inversión de unos 10.000 millones de euros, que se repartirían entre el Gobierno central (3.261 millones) y las regiones (6.657 millones).
EXPERIENCIAS EN EUROPA
Hasta el momento diversos países han implementado sistemas de pago por uso en sus carreteras para
afrontar los problemas de financiación antes expuestos, cada uno con sus propias particularidades y enfoques.
En Alemania, por ejemplo, el sistema de peajes denominado “Toll Collect” se implantó en 2005 para
vehículos pesados (de peso bruto superior a 7,5 Tm) en autopistas y ciertas carreteras federales. Se basa en la distancia recorrida, la categoría de emisiones del vehículo y el número de ejes del mismo. Los camiones pagan una tarifa que se calcula mediante un dispositivo a bordo (OBU) que registra los kilómetros recorridos, para lo cual utiliza tecnología GPS, y envía la información vía GSM. Este sistema ha supuesto una fuente significativa de ingresos para el mantenimiento de la infraestructura vial del país y ha incentivado a las empresas de transporte a utilizar vehículos más eficientes, reduciendo las emisiones contaminantes.
Los Países Bajos introdujeron un sistema de pago por uso para vehículos pesados basado en los kilómetros recorridos. Además, han experimentado con programas piloto para vehículos ligeros. Los conductores pagan una tarifa proporcional a la distancia y la ubicación, lo que fomenta la distribución del tráfico y reduce la congestión.
En Bélgica han propuesto un sistema de tarifas kilométricas para vehículos ligeros y pesados. A través de dispositivos GPS registrarían los kilómetros recorridos y se aplicarían tarifas en función de la distancia y la ubicación.
En Suiza han implementado un sistema de tarifas para vehículos pesados y ligeros en sus carreteras nacionales. Los conductores deben adquirir una viñeta anual que les permite circular por las carreteras de peaje. Además, hay vías alpinas sujetas a un peaje especial durante ciertas temporadas para mitigar la congestión y el impacto ambiental en estas zonas de especial sensibilidad.
Portugal ha adoptado un nuevo enfoque, conocido como “Vía Verde”, que utiliza tecnología de radiofrecuencia para permitir a los conductores pagar peajes sin detenerse en las barreras tradicionales. Los usuarios de “Vía Verde” incorporan un dispositivo en su vehículo que se comunica con las antenas instaladas en las autopistas de peaje, lo que permite que los importes se deduzcan automáticamente de una cuenta prepagada.
El modelo luso calcula las tarifas de peaje según distancia recorrida, tipo de vehículo, categoría de carretera y horario.
Las tarifas de peaje varían según la distancia recorrida y el tipo de carretera. El modelo luso considera diferentes clases de vehículos y categorías de carreteras para calcular el costo final del peaje. Las autopistas suelen tener tarifas más altas que las carreteras nacionales. Además, las horas punta y las horas
valle también pueden afectar a dichas tarifas. El sistema ha sido elogiado por su eficiencia y comodidad.
Permite a los conductores viajar sin interrupciones, evitando la congestión en las estaciones de peaje. Sin embargo, no ha estado exento de polémica en su aplicación, por cuestionarse que los conductores que no lo utilizan se ven obligados a recurrir a métodos de pago más tradicionales, como ventanillas de peaje y puntos de venta, lo que resulta menos eficiente y más costoso.
En España contamos con una experiencia pionera en Guipuzcoa, en la que se implantaron peajes en algunas autovías y carreteras nacionales, que funcionan sin necesidad de cabinas, sólo con la lectura de la matrícula, para vehículos registrados, o utilizando dispositivos de telepeaje, al atravesar los pórticos sensorizados.
REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN NUESTRO PAÍS
En España, el debate sobre la implementación del pago por uso en carreteras ha generado discusiones apasionadas, siendo diversas las posturas y propuestas que mantienen diferentes sectores y organizaciones. Desde la Asociación Española de la Carretera hasta la Asociación de Ingenieros de Caminos y la patronal del sector de la Construcción, SEOPAN, se han presentado modelos y consideraciones que reflejan tanto las oportunidades como los desafíos asociados con este enfoque.
La polémica en España radica en el equilibrio entre la equidad económica y las preocupaciones prácticas. Por un lado, defensores de la implementa del pago por uso argumentan que podría generar ingresos necesarios para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras viales. Además, promovería una asignación más justa de los costes entre los usuarios de las carreteras, incentivando opciones más sostenibles, como el uso compartido de vehículos o el transporte público.
La AEC propone un “Bono de Movilidad” que parte de un número de kilómetros gratuitos al año, sistemas de tarificación flexibles y uso de tecnologías inteligentes.
Por otro lado, los críticos se preocupan por el impacto económico en ciertos grupos de la sociedad, especialmente en áreas rurales o para aquellos que dependen en gran medida de sus vehículos para desplazarse. También se han planteado preocupaciones sobre la viabilidad tecnológica y la protección de datos personales en sistemas de recaudación de tarifas.
Diferentes organizaciones en España han presentado sus propias perspectivas y planteamientos sobre cómo abordar el pago por uso en carreteras:
Una de las propuestas desarrolladas con mayor detalle es la realizada por La Asociación Española de la Carretera, que promueve la creación de un “Bono de Movilidad”, por el que se partiría de un número de kilómetros gratuitos al año, de manera que se pagaría por un sobreuso de la infraestructura. Abogan por la aplicación de tecnologías inteligentes y sistemas de tarificación flexibles que se adapten a las necesidades individuales.
CONCLUSIONES
La implementación del pago por uso de las carreteras en España probablemente requiera de un proceso participativo que involucre a las diversas partes interesadas, incluyendo a los conductores, las organizaciones de transporte por carretera, las comunidades locales y los expertos en infraestructura y movilidad. La información clara y precisa sobre los beneficios, los costes y las medidas de mitigación será crucial para construir un consenso sólido y desarrollar un enfoque que considere las complejas realidades del país y proporcione soluciones que beneficien tanto a los usuarios como a la sociedad en su conjunto.