Revista nº101

r e v i s ta t é c n i c a c z — n º 1 0 1 47 L a experiencia de aplicación de este mode- lo en varios países europeos, y también en algunas zonas de nuestro país, puede apor- tarnos información sobre la conveniencia de diferentes tecnologías, así como sobre el nivel de satisfacción de los usuarios. El objetivo de este artículo es únicamente exponer algunos datos sobre este nuevo modelo de financiación del mante- nimiento y mejora de la red viaria, que ha comenzado a cobrar protagonismo, para que conozcamos mejor sus implicaciones. EL ORIGEN DE ESTE MODELO En muchos países de nuestro entorno la financiación pública se ha demostrado insuficiente para cubrir los costes asociados al mantenimiento y modernización de las carreteras, especialmente en contextos de res- tricciones presupuestarias y prioridades competido- ras como la sanidad y la educación o la defensa. Este sistema se basa en el planteamiento de que quienes utilizan las infraestructuras deberían contribuir di- rectamente a su mantenimiento, de manera que no sólo se mejore la calidad de las carreteras, sino que también se promueva una mayor equidad en el uso de los recursos públicos. Países como Alemania, Suiza o Portugal han implementado este modelo, lo que les está permitiendo mantener un nivel elevado de cali- dad en sus redes viarias sin depender exclusivamente de fondos estatales. En España, la Asociación Española de la Carrete- ra (AEC) analizó en 2022 más de 100.000 kilómetros (25% pertenecientes a la red estatal y 75% a la au- tonómica) determinando que 13.000 kms presenta- ban deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento (el 95% de las carencias se centraba en el pavimento y el 5% restante afectaba a seña- les verticales, marcas viales, barreras y balizamiento, en menor medida). Esta situación es la peor que se han encontrado en los últimos 20 años. Con la vista puesta en el futuro, además, consideran que sólo el 43% de las vías analizadas estarían preparadas para su adaptación a la movilidad conectada y autónoma. El estado del firme no afecta solamente a la segu- ridad vial, ya que se estima que circular por una ca- rretera en mal estado puede incrementar entre un 5 y un 10% el consumo de combustible (en ciudad este aumento puede llegar hasta un 15%, según un estu- dio de la oficina de sostenibilidad del MIT). Así pues, el progresivo deterioro de la red vial limita el papel que estas infraestructuras deben desempeñar en la transición hacia una movilidad más sostenible, digital y segura. Para revertir esta situación, la AEC estimaba necesaria una inversión de unos 10.000 millones de euros, que se repartirían entre el Gobierno central (3.261 millo- nes) y las regiones (6.657 millones). EXPERIENCIAS EN EUROPA Hasta el momento diversos países han implementa- do sistemas de pago por uso en sus carreteras para afrontar los problemas de financiación antes expues- tos, cada uno con sus propias particularidades y en- foques. En Alemania, por ejemplo, el sistema de peajes de- nominado “Toll Collect” se implantó en 2005 para vehículos pesados (de peso bruto superior a 7,5 Tm) en autopistas y ciertas carreteras federales. Se basa en la distancia recorrida, la categoría de emisiones del vehículo y el número de ejes del mismo. Los ca- miones pagan una tarifa que se calcula mediante un dispositivo a bordo (OBU) que registra los kilómetros recorridos, para lo cual utiliza tecnología GPS, y envía la información vía GSM. Este sistema ha supuesto una fuente significativa de ingresos para el mantenimien- to de la infraestructura vial del país y ha incentivado a las empresas de transporte a utilizar vehículos más eficientes, reduciendo las emisiones contaminantes. Los Países Bajos introdujeron un sistema de pago por uso para vehículos pesados basado en los kilómetros recorridos. Además, han experimentado con progra- mas piloto para vehículos ligeros. Los conductores pagan una tarifa proporcional a la distancia y la ubi- cación, lo que fomenta la distribución del tráfico y reduce la congestión. El modelo de pago por uso de carreteras surge como respuesta a la creciente demanda de financiación sostenible para el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras viarias. S E G U R I D A D V I A L